La Defensa Pública, Institución garante del respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, ha considerado dentro de sus líneas de acción y como parte del desarrollo de programas de capacitación, buscar herramientas que permitan garantizar de manera digna la estancia carcelaria de las personas en custodia dentro del régimen penitenciario.

 
Por ello, ha participado de diversos conversatorios, entre ellos, el denominado: “Cuestión Penitenciaria y Derechos Humanos”, el cual fue impartido por el profesor Iñaki Rivera Beiras, Director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de Barcelona España, el pasado 18 de julio de 2016, en el Auditorio de la Facultad de Salud de la Universidad de Costa Rica.

 
El profesor Rivera Beiras, quien también funge como Director del postgrado de Ejecución de la Pena y Derecho Penitenciario de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) y la Universidad de Barcelona, destacó la prohibición de medidas disciplinarias en los centros penales, que constituyan un trato cruel, inhumano y degradante para la persona privada de libertad, y en ese sentido hizo énfasis a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la obligación de los Estados de diseñar y aplicar una política penitenciaria de prevención de situaciones que podrían poner en peligro los derechos humanos de las personas bajo custodia.

 
Por otra parte, estableció que el distanciamiento entre los mandatos legales y la realidad que acontece en los Centros Penales de la región, está condicionada por diversos factores como “la falta de voluntad política de los gobiernos para enfrentar la realidad de los malos tratos, por la insuficiencia de mecanismos de vigilancia y control de los derechos humanos existentes en el marco de la Organización de Estados Americanos y por la falta de cumplimiento en el ámbito nacional de las obligaciones de investigar, juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de actos de tortura y malos tratos”, entre otros.


En seguimiento a estas actividades de capacitación, el pasado 19 de julio se llevó a cabo en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, la conferencia “Privación de libertad y garantías. La experiencia europea. De la sociedad civil a la institucionalización del monitoreo”, la cual fue impartida por el Dr. Mauro Palma, Garante Nacional de los Privados de Libertad de la República Italiana y Ex presidente del Comité Europeo de Prevención de la Tortura.


Durante su ponencia, el Dr. Palma, recalcó el funcionamiento del Sistema de Protección de Derechos Humanos Europeo con base en el caso Torreggiani, en el cual se condena a Italia por violación del artículo 3 del Convenio Europeo, producto del hacinamiento carcelario. Como resultado de esta sentencia, la Corte Europea le concedió al Estado italiano el plazo de un año y medio para ejecutar su cumplimiento.


El expositor expresó que producto de lo anterior se creó, dentro del Ministerio de Justicia, una Comisión que permitiera el cumplimiento de la sentencia, a la vez que analizó las razones que han llevado al aumento carcelario, concluyendo que éste no es determinado por el aumento en la tasa delictiva, sino por el contrario, debido a la creación de diversas leyes de carácter punitivo, como por ejemplo, leyes de estupefacientes que no contemplaban criterios de proporcionalidad en relación con la cantidad; así como, la denegatoria de beneficios penitenciarios a personas reincidentes aun y cuando el delito fuere leve o de menor gravedad, además de la creación del delito de inmigración ilegal.


Puntualizó que resultado de un arduo trabajo se promovieron leyes cuyo objeto fue la modificación de las anteriores, así por ejemplo, se promovió una ley para que en aquellos casos en los cuales se condena a una persona primaria a una pena privativa de libertad no superior a los 6 años de prisión, quede suspendida su ejecución y sustituida por un programa alternativo que, además de evitar su encarcelamiento, procure su reinserción social.


Adicionalmente, consideró el trabajo realizado por la Comisión para establecer como mandato legal la garantía para todas las personas privadas de libertad de un espacio de ocho horas fuera de la celda, realizando actividades formativas-educativas-laborales entre otras; aumento del tiempo del contacto familiar, dotación de tarjetas telefónicas y skype, carta médica digital, entre otros.


Finalmente, concluyó refiriendo que el proceso de deshacinamiento carcelario es posible sin aumento de la delincuencia, pensando en políticas criminales que no pasen por el encarcelamiento.


A propósito de la visita de tan prestigiosos expertos, la Dirección de la Defensa Pública aprovechó la oportunidad para realizar una visita de monitoreo al Centro Penitenciario de San Sebastián, en la cual pudieron constatar las condiciones inhumanas así como, el hacinamiento que existe en ese centro dispuesto para población indiciada. Los expertos fueron atendidos por el Director, Mariano Barrantes, quien los acompañó en el recorrido a las diferentes áreas y módulos del centro, asimismo, tuvieron la oportunidad de conversar con las personas privadas de libertad, quienes les expusieron su difícil situación en esa cárcel.

El día concluyó con una visita del Dr. Palma y el Dr. Rivera a las instalaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Los Yoses, en donde el asistente jurídico, José Pablo Vega, les hizo un recorrido en el lugar junto a un recuento histórico de la Corte.


Los expertos fueron invitados por la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), y recibieron el apoyo de la Universidad de Costa Rica y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

Publicado en: Actualidad Judicial / Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional, Despacho de la Presidencia: 29 de julio de 2016