La llegada del macrismo al Gobierno significó un cambio radical en distintos campos de la política como también en la forma en que esos campos son abarcados. Desde el 10 de diciembre se conocieron, casi a diario, numerosos decretos -de necesidad y urgencia algunos- que modificaban sustancialmente las distintas líneas políticas que se venían sosteniendo los últimos años. Y el campo de la política criminal, la regulación de las fuerzas armadas y de seguridad no fueron la excepción. Luego, le siguieron las políticas de desguace de distintas áreas del gobierno dedicadas a ejercer control sobre dichas fuerzas como así también orientadas al control político. En ese contexto, se sucedieron una serie de decisiones políticas que deben ser analizadas en conjunto.

Desde los primeros días de este año comenzamos a conocer distintas situaciones de violencia cuyos protagonistas eran las fuerzas de seguridad y policiales: excesivo e injustificado uso de armas de fuego; operativos de saturación policial; razzias; represión ante protestas sociales y sindicales; ingresos brutales a barrios; uso del “lancheo” (delación forzada); controles injustificados de documentación; requisas personales sin causa en la vía pública; trato abusivo, hostil y amenazas; persecución ideológica en la vía pública, etc.

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