El mandato político y de sensibilización de la RELAPT se dirige a promover en los países de América Latina la adopción de políticas y prácticas que contribuyan a la eliminación de la tortura en los centros y situaciones de privación de la libertad. Para ello, a corto y mediano plazo la RELAPT efectuará un trabajo de diagnóstico, análisis, sensibilización, capacitación, promoción y de sistematización y comunicación de la información, lo que se hará a través de las diferentes tareas que asumirá el Observatorio Latino Americano para la Prevención de la Tortura y la Violencia Institucional (OLAT).
Este mandato implica reforzar el trabajo de sensibilización política para impulsar la ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT), el apoyo a las labores del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, el impulso para la creación y el fortalecimiento de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, y la promoción y sensibilización acerca de la conveniencia de la creación, en el largo plazo, de un Comité para la Prevención de la Tortura en América Latina (CPT-AL).
De la misma manera, bajo este mandado, la RELAPT realiza una función de denuncia: la Red tiene la capacidad para realizar manifestaciones y declaraciones de apoyo a profesionales y defensores de derechos humanos (jueces, activistas, abogados) que se consideren perseguidos, represaliados, o en situaciones similares, así como facultad para pronunciarse sobre reformas legislativas, pronunciamientos judiciales, o situaciones problemáticas tales como falta de independencia de los MNPT. En este sentido se resalta la importancia de la RELAPT como grupo de trabajo crítico y de denuncia permanente.
También dentro de este mandato, la Red pretende fomentar la relación con gobiernos y organismos multilaterales para la formulación de propuestas sobre normativas, reglas, principios y en general, políticas que ayuden a reforzar la protección de los derechos humanos y la responsabilidad de los Estados de luchar y erradicar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
