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Em entrevista ao site da revista Exame, o representante regional para América do Sul do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, afirmou que a impunidade em casos de tortura praticados por agentes públicos contra presos se tornou regra — e não exceção — no sistema penitenciário brasileiro.

RELAPT apoya el proyecto de ley que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa de Costa Rica,  para introducir la proporcionalidad en los delitos contra la propiedad y promover la inserción social de las personas infractoras de la ley penal.

 

 

 

 

Medios de prensa en Costa Rica han dado a conocer en los primeros días de este mes de agosto del 2016 la decisión del juez Roy Murillo Rodríguez de ordenar, el pasado 20 de julio, al Estado el cierre definitivo de la Unidad de San Sebastián, por tratarse de una verdadera "jaula humana" (ver nota de La Nación del 1/08/2016). En esta otra nota del medio digital CRHoy, se precisó que las autoridades de Costa Rica debían reubicar a más de 1260 personas privadas de libertad.

La Defensa Pública, Institución garante del respeto de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, ha considerado dentro de sus líneas de acción y como parte del desarrollo de programas de capacitación, buscar herramientas que permitan garantizar de manera digna la estancia carcelaria de las personas en custodia dentro del régimen penitenciario.

La llegada del macrismo al Gobierno significó un cambio radical en distintos campos de la política como también en la forma en que esos campos son abarcados. Desde el 10 de diciembre se conocieron, casi a diario, numerosos decretos -de necesidad y urgencia algunos- que modificaban sustancialmente las distintas líneas políticas que se venían sosteniendo los últimos años. Y el campo de la política criminal, la regulación de las fuerzas armadas y de seguridad no fueron la excepción. Luego, le siguieron las políticas de desguace de distintas áreas del gobierno dedicadas a ejercer control sobre dichas fuerzas como así también orientadas al control político. En ese contexto, se sucedieron una serie de decisiones políticas que deben ser analizadas en conjunto.

La alarmante situación de vulneración de los derechos humanos dentro de los centros de privación de la libertad1 en América Latina y Europa, ha estado en la base de las conversaciones preliminares a la constitución de la RELAPT en los años 2012 y 2013 cuando iba a cumplirse el treintagésimo aniversario de la adopción de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas a finales de 2014.

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